Isabel Díaz Ayuso, si se asoma por la ventana de su despacho, puede ver a miles de personas manifestándose en su contra. Le llueven insultos de gente a la que ella cree que le puede el odio y está abducida por las consignas de la izquierda. La presidenta no va a dar su brazo a torcer, asegura, ni con los profesores y los estudiantes en huelga ni con los acampados en Sol, que han convertido su protesta por una vivienda digna también en un mazo con el que golpearla.

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La jueza del caso FP, que busca esclarecer la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en obras de centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid acometidas entre 2021 y 2023, ha reclamado a la Intervención del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso facturas, memorias y presupuestos de varias de las reformas investigadas. Así consta en una providencia fechada este jueves al que accedió EL PAÍS, en el que también se convoca la declaración como testigos de un exalto cargo del Ejecutivo autonómico (quien fuera el director de área territorial Este); la antigua Jefa de Unidad de Régimen Especial; y quien fuera director del IES Príncipe Felipe. La causa busca esclarecer el supuesto fraccionamiento ficticio de contratos y facturas (a través de contratos menores) para otorgar a dedo una decena de obras que deberían haber salido a concurso público por su millonaria cuantía. Ahora se profundiza en la reconstrucción documental de esas intervenciones.

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La conmoción por la muerte de Maricarmen se ha colado de lleno este jueves en la Asamblea de Madrid. En las horas posteriores a la muerte de la mujer que resistiendo a su desahucio llevó al Gobierno central a aprobar unas leyes exprés y más tarde a convocar elecciones de manera repentina, el PP ha vetado un minuto de silencio que el PSOE y Más Madrid habían pedido guardar antes del pleno en señal de luto.

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