La batalla judicial por la instalación en el puerto de Ceuta de un campamento para realojar a más de 1.700 migrantes irregulares que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva del 30 y 31 de julio no se ha cerrado. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la decisión del Ministerio de Transportes de ceder los terrenos de la instalación para acoger a parte de los extranjeros que permanecían en chabolas en las playas de El Trampolín y Benítez desde hace 50 días. El sindicato considera que el procedimiento seguido no garantiza la seguridad para los agentes que lo custodian, los propios migrantes y el resto del personal destinado en el campamento.

La resolución judicial, fechada el pasado viernes y que es recurrible, no supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pero sí judicializa la elección del puerto como lugar para instalar el campamento y obliga a Transportes a defender su actuación ante los tribunales. Como primera medida, la Audiencia Nacional da “un plazo improrrogable de 20 días” al departamento de Óscar Puente para que entregue el expediente completo. Ante la posibilidad de que en este pueda haber “documentos declarados como confidenciales por la Administración”, el tribunal pide al ministerio que no los incluya entre los que envíe a la Audiencia Nacional, pero que sí remita “un índice descriptivo” de los mismos y que estos queden “a plena disposición” de los magistrados. La resolución también pregunta al departamento de Puente si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos contra la decisión de instalar en el puerto las carpas para la acogida de los migrantes irregulares, para, en ese caso, proceder a acumularlos todos en un único procedimiento.

El SUP, a través de una nota de prensa, ha aplaudido la decisión judicial y reclamado, ahora que el campamento está operativo, “conocer y fiscalizar las evaluaciones de riesgos, protocolos, efectivos y medios previstos para garantizar la seguridad de los policías destinados en un entorno especialmente sensible como el Puerto de Ceuta. Nuestra obligación como sindicato no es esperar a que ocurra un incidente para lamentarlo, sino anticiparnos al riesgo y proteger a nuestros compañeros”, añade el comunicado.

El sindicato policial recurrió el pasado martes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la resolución del Ministerio de Transportes del 5 de septiembre que autorizaba utilizar temporalmente los terrenos del puerto para instalar carpas y espacios de descanso, enfermería y dispensario, zonas de atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal y una caseta de seguridad. La autorización se extendía hasta el próximo 31 de diciembre, aunque dejaba abierta una eventual prórroga. El SUP alegaba que la autorización no había sido notificada ni publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y justificaba su oposición a la misma en que la acogida de un número tan elevado de personas en lo que es una instalación crítica suponía un riesgo. El sindicato recalcaba que su solicitud de paralizar el campamento no se dirigía “en modo alguno contra la atención humanitaria” a los migrantes.

La Audiencia Nacional acordó en un primer momento frenar los trabajos hasta resolver sobre sobre la medida cautelarísima ―por lo que el tribunal no tiene que oír a las partes antes de resolver―, lo que provocó un enorme malestar en el Gobierno. Sin embargo, el jueves el tribunal rechazaba finalmente la pretensión del SUP y permitía el uso temporal del campamento. Al día siguiente, eran trasladados al mismo cerca de 1.700 migrantes. Sin embargo, la admisión a trámite conocida este sábado confirma que la vía judicial sobre la instalación del campamento no está cerrada, aunque al tramitarse por el llamado procedimiento ordinario ―por escrito y con tiempos más largos de tramitación― demorará su resolución meses. Mientras tanto, el campamento podrá seguir funcionando.

El Gobierno no oculta su “perplejidad” ante el freno impuesto por la Audiencia Nacional al traslado al Puerto de Ceuta de buena parte de los migrantes que recorren las calles de la ciudad autónoma después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio pasado. La Audiencia ha ordenado al Ministerio de Transportes frenar momentáneamente los trabajos para instalar en el recinto portuario el campamento temporal en el que el Ejecutivo pretende alojar a más de 1.000 de los migrantes irregulares que aún permanecen en la ciudad.

Según fuentes de La Moncloa, la decisión de la Audiencia “frena una solución operativa inmediata sobre el terreno”. Las mismas fuentes apuntan que “la medida paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente, que iba a permitir alojar a 1.700 personas, diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público”.

Las instalaciones temporales están proyectadas para la zona del muelle de Poniente del Puerto de Ceuta, con objeto de alojar, entre otros, a numerosos migrantes que malviven en las chozas de la playa de El Trampolín.

La decisión judicial de este miércoles se produce después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentara un recurso en el que pedía la suspensión inmediata de la puesta en marcha de la instalación, proyectada sobre 16.000 metros cuadrados de las parcelas de la ampliación de Poniente del puerto, “hasta que se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales”.

El Ejecutivo defiende que estos terrenos dentro del puerto ceutí son “los más idóneos” y “cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo”. La Moncloa entiende que garantizar condiciones dignas de acogida a los migrantes que ahora pernoctan enla calle “es una prioridad”, además de la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta, una ciudad que “no puede esperar”. Por eso pide “agilidad” y “que se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida”.

El sindicato alegaba que la decisión de levantarla no había sido notificada ni publicada en el BOE, y justificaba su oposición a la misma en que la acogida de un número tan elevado de personas en lo que es una instalación crítica suponía un riesgo. “Los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta evidencian además la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante una emergencia, tanto para las personas acogidas y los usuarios y trabajadores del puerto como para los policías que tendrán que intervenir”, señalaba el sindicato en la nota de prensa con la que anunciaba el martes su iniciativa judicial.

Previo a la reacción de La Moncloa, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, criticó la decisión de la Audiencia al entenderque no se debería “frenar” esta solución a la actual crisis en la ciudad autónoma. “Me parece que cuando estamos buscando soluciones, nadie debería frenar las soluciones”, reprochó los pasillos del Congreso al finalizar la sesión plenaria.