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Not Just The Camino: Eight Memorable Multi-Day Hikes In Spain

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Esme Fox

Esme Fox – esme@thelocal.es

Published: 23 Jul, 2026 CET. Updated: Thu 23 Jul 2026 11:55 CET

Not just the Camino: Eight memorable multi-day hikes in Spain
There are multi-day hikes in Spain besides the Camino de Santiago and its variations. Photo: Masi / Pexels

If you’ve always wanted to undertake a long-distance hike in Spain, but don’t want to do the obvious Camino de Santiago, there are lots of amazing alternatives. Here are eight routes to inspire you, some of them in cooler parts of Spain.

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Alberto Núñez Feijóo

Última Hora De La Actualidad Política, En Directo | Zapatero, Tras Ser Imputado En El ‘caso Plus Ultra’: “No Hablé Con Nadie Ni De La SEPI Ni Del Gobierno”

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El juez pide a varios bancos información de las cuentas de la familia de Santos Cerdán

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a varias entidades bancarias información de diversas cuentas y productos financieros de la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista Santos Cerdán al considerar que también se habrían beneficiado de fondos de la empresa Servinabar. 

El magistrado que investiga el denominado caso Koldo accede en un auto a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción. Moreno adopta esta diligencia días después de recibir el informe patrimonial elaborado por la UCO, que detectó que Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de “beneficios” presuntamente irregulares, entre 2015 y 2024, y que alcanzaron “sus máximos” entre 2019 y 2023, “periodo que aglutina la denominada etapa ministerial de (José Luis) Ábalos” y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

Este informe, según explicó el fiscal al apoyar la medida, se elaboró teniendo en cuenta los productos financieros de Cerdán, de modo que, ante la “estrecha relación con personas de su entorno familiar”, Anticorrupción vio necesario ampliar la información a su familia. 

Todo ello con el objetivo de “determinar de la forma más exacta posible la situación económico-patrimonial de Santos Cerdán y su entorno”, para conocer su “patrimonio tanto de derecho (nominal), como de hecho (atribuible), así como la realización de un estudio del origen de sus ingresos y el destino de sus gastos”. Por ello, el juez ha ordenado a las entidades bancarias BBVA, Caixabank, Santander, Cajasur Sociedad Cooperativa de Crédito y Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito que aporten información de una veintena de cuentas. 

El juez subraya que en este caso no existe “una mera sospecha”, sino que hay “constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal” y otros contra la administración pública. 

Recuerda el magistrado que el informe patrimonial aportó indicios de una “posible fuente de ingresos no declarada por Santos Cerdán” y apuntó a ingresos en efectivo del exasesor ministerial Koldo García y su expareja, otros ingresos “de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017” por 18.261,56 euros o una reducción de gastos con tarjeta a partir de 2019, cuando Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes y se adjudicó expedientes de contratación a Acciona que están siendo investigados. 

También menciona el juez liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso por cantidades superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas de Cerdán, o que el 87,04% de los ingresos de la empresa Servinabar provienen de Acciona o proyectos vinculados a esta. Y añade que tanto Cerdán como personas de su entorno familiar habrían sido beneficiarios de bienes y servicios soportados por esta empresa, de forma directa o indirecta, como las nóminas de la mujer y la hermana de Santos Cerdán. (Efe)

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Atentados con pistola

El Gobierno Vasco Vuelve A Dar La Semilibertad Al Etarra Carasatorre Tres Meses Después De Que Un Juez La Revocara

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El preso de ETA Juan Ramón Carasatorre Aldaz, alias Zapata, volverá a disfrutar de la semilibertad. El Gobierno vasco ha acordado aplicar al etarra ―condenado entre otros atentados por el asesinato en 1995 del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez― el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que le permitirá salir de lunes a viernes del Centro Penitenciario de Zaballa (Vitoria), donde cumple condena, para trabajar y realizar actividades de voluntariado. La decisión se produce tres meses después de que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro revocara un acuerdo de enero del Departamento de Justicia en el mismo sentido y obligara entonces al etarra a volver al régimen ordinario de la prisión. Zapata participó el pasado jueves en un encuentro con víctimas dentro del programa de justicia restaurativa que sigue para su reinserción y hace justo un mes el magistrado le autorizó un permiso de salida de seis días, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

El juez Castro revocó en abril la aplicación del 100.2 ―un artículo que permite a un preso en segundo grado u ordinario acceder a beneficios reservados a los que están en tercer grado o régimen abierto― a Carasatorre al considerar que el expediente penitenciario esgrimido por el Departamento de Justicia para concedérsela presentaba graves carencias. Entre ellas, la falta de un informe psicológico que constatase que Carasatorre ha admitido sus delitos y las consecuencias de ellos, más allá de la carta manuscrita de perdón a sus víctimas que consta en el mismo, y la ausencia de un plan de ejecución detallado sobre las actividades que Carasatorre iba a realizar en sus salidas. La decisión del juez Castro fue confirmada en mayo por un tribunal de la Audiencia Nacional. La Fiscalía, sin embargo, había apoyado que se le permitieran las salidas diarias.

La decisión de este miércoles del Gobierno vasco ―que ha incluido también la semilibertad para otro etarra, Félix Alberto López de la Calle, Mobutu― ha causado un enorme malestar en el seno de las asociaciones de víctimas. Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha denunciado en conversación telefónica con este diario que el Ejecutivo de Imanol Pradales haya tomado la decisión días después de que Carasatorre tuviera un encuentro con víctimas de ETA dentro de los talleres de justicia restaurativa que organiza el Departamento de Justicia. “Ir al caserío [en referencia al lugar donde se celebran estas reuniones] y premio”, se lamenta Ordóñez, que denuncia que ella ha pedido participar en uno de estos encuentros con Carasatorre, ya que participó en el asesinato de su hermano, y este no ha respondido a la solicitud.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha emitido un comunicado en el que critica la medida, que considera que forma parte de un plan que “persigue vaciar las cárceles de presos de ETA”. Según un recuento de esta asociación, desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de los tres centros penitenciarios de Euskadi, en octubre de 2021, ha concedido 147 semilibertades (122 al clasificar a los reclusos en tercer grado o régimen abierto y 25 al aplicarles, como a Carasatorre, el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario). “Como consecuencia de esta política, de los aproximadamente 120 presos de ETA que permanecen en prisión, solo 36 continúan en régimen ordinario sin salir de prisión”, denuncia la AVT.

Cuando en mayo pasado los tres magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional respaldaron la decisión del juez Castro de revocarle la semilibertad a Carasatorre, incidieron en el carácter “extraordinario y excepcional” del artículo 100.2 y, por ello, en la necesidad de ser “particularmente riguroso” con el cumplimiento de los requisitos para aplicarlo, sobre todo a condenados por “delitos de especial gravedad”, como es el terrorismo. En aquella resolución, el tribunal recordaba que se requirió al Gobierno vasco que completara la documentación con “el plan de ejecución o programa tratamental” que justificaba aplicar esta medida al preso de ETA, “sin que el mismo fuera aportado en los términos exigidos”.

En su resolución, los tres magistrados destacaban también que la Junta de Tratamiento de la prisión ―órgano formado por profesionales penitenciarios― no propuso que se concediera a Carasatorre la semilibertad, sino que, por el contrario, era partidaria de mantenerle en segundo grado ordinario (en el que está el 75% de los presos en España), “lo que evidencia la ausencia de elaboración técnica del programa [de reinserción] requerido”.

El tribunal añadía que, pese a esta carencia, el Gobierno vasco aprobó la medida para el recluso, lo que, en su opinión, “desnaturaliza el sistema de individualización científica del tratamiento y afecta al control judicial efectivo”. Los magistrados no negaban que en Carasatorre concurren “elementos positivos”, como una adecuada conducta, su participación en programas penitenciarios, el reconocimiento del daño causado y una evolución favorable, pero consideraban que todo ello no permite prescindir del requisito de que exista un programa tratamental específico.

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Donald Trump

Trump’s New Conditions On Funding The Fight Against HIV/AIDS Require Service Restrictions

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To preserve U.S. financing amid a wave of cuts initiated last year by the Trump administration, many organizations that combat HIV/AIDS had to mold themselves to Washington’s new rules, which limit programs related to diversity and inclusion, in addition to services that supposedly support abortion — or cease their programs entirely.

A new study, published Tuesday by researchers from the Foundation for AIDS Research (amfAR) and other institutions in the run-up to the 26th International AIDS Conference has revealed that 77% of the governments, NGOs and companies that receive resources from the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) were ordered to restrict their activities to align with new U.S. policies.

The result, according to the study’s authors, has been a more limited response to the virus.

The PEPFAR Pulse study was carried out through a survey of PEPFAR-implementing partners around the world. Of the 708 that were contacted, 166 responded. The program, which began in 2003 during the presidency of George W. Bush, has contributed to saving 26 million lives through services of prevention, treatment and community worker support. It was frozen in January 2025, and though the United States subsequently reactivated it, its reach has been reduced, as documented by KFF, a non-profit organization dedicated to health policy analysis.

Greg Millet, director of amfAR’s public policy office, explained during a press conference that so far, a large part of the cuts’ impact has been calculated through projections and models. “This study contributes real-world data supplied by PEPFAR beneficiaries, about what is really happening on the ground. To document the reach of these disturbances, our team is carrying out the first large-scale global survey of its partners. The results are quite concerning.”

Not only did 77% of those surveyed report that they had seen at least one of their grants revoked or delayed, but practically eight of every 10 had to restrict their work to “comply with additional U.S. policy restrictions.” Elise Lankiewicz, the study’s principal investigator, enumerated three such policies by email. The first consists of limiting financing exclusively to activities that are considered life-saving. The second restricts activities related to diversity, equity and inclusion. And the third was the Mexico City Policy.

The latter, which is also known as the Global Gag Rule, is a U.S. policy that prohibits the use of the country’s funds for activities related to abortion. Though the directive hails from the 1970s, it has been taken back up by Trump during his two administrations, and used to restrict actions in the fight against HIV — as the survey demonstrates — including blocking the distribution of contraceptives to Global South countries.

AmFAR’s study reveals that in order to keep their funding, 61% of implementing partners had to suspend a service, such as those related to family planning. In addition, 44% of PEPFAR’s implementing partners stopped providing services to transgendered individuals, men who have sex with men and sex workers, while 61% had to censor their communications. “The partners said that they eliminated or avoided specific terms in proposals, work plans and grant documents, among them ‘gender’, ‘gender-based violence’, ‘key populations’, ‘transgender’ and ‘equity,’” said the researcher.

Global HIV response depends in large part on international funding, according to UNAIDS. In 2024, such resources accounted for 42% of HIV response in low and middle-income countries, as well as around 66% of the HIV preventative programs and initiatives that eliminated barriers to accessing treatment. Around the world, 40.9 million people live with HIV and, in 2025, 570,000 people died from the virus, the majority in sub-Saharan Africa.

That’s why the 2025 cuts were critical. According to the amfAR survey, changes to PEPFAR led to the closure of 1,714 care facilities. The most affected services were those for key populations, with 73% of implementing partners having to cease such programming. The same took place with programs related to community-based service delivery (46%), socioeconomics (49%) and prevention (43%). In addition, more than 20% of organizations reported that it was practically impossible to obtain contraceptives, laboratory materials, pre-exposure prophylaxis (PrEP) and anti-retroviral medication.

And the cuts are becoming more and more serious. The U.S. government’s 2027 budget proposal includes $5.1 billion for global health programs. Before, PEPFAR alone received more than $6 billion annually for the fight against HIV.

Plus, the proposed funds are dependent on the Mexico City Policy. “The Budget would ensure no funding supports abortion, unfettered access to birth control, and also eliminates funding for circumcision and Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer services to better focus funds on life-saving assistance. The United States should not pay for the world’s birth control and therapy,” states its official document.

Fewer children receiving treatment

Another study published Tuesday has revealed that 77,163 fewer children living with chronic HIV received treatment financed by PEPFAR in 2025. Though the U.S. State Department says that the reductions in the number of children in treatment was foreseeable, due to the trend of fewer children receiving early diagnosis and treatment, the study’s authors offer a different hypothesis.

The project analyzed data from 21 countries that reported having more than 2,000 minors undergoing treatment funded by the U.S. program. 20 of them had reported a decrease in such treatment and of those, five — Uganda, Haiti, South Africa and Kenya — reported reductions below historical trends.

Ramona Godbole, one of the study’s authors, says that the rates of treatment among children and adults “is diverging in such a way that they provide justification for a more detailed analysis of underlying factors, country by country.” Given the serious impacts HIV has on underaged individuals, such investigation is urgent. “Without timely diagnosis and treatment, approximately half of all children with HIV die before reaching the age of two,” she warns in an email.

Amid the current panorama of cuts, researchers continue to evaluate which treatments are most effective in reducing children deaths from HIV and associated conditions. In The Lancet on July 17, scientists from Spain and several African countries published the results of a study on medications provided to babies with HIV who were in danger of dying from severe cases of pneumonia. One group was treated with valganciclovir — which is not available in the majority of African countries — and others with standard medication and drugs used to combat tuberculosis. Results showed that the valganciclovir reduced the risk of mortality by 40% in the first 15 days of treatment, in comparison with the other methods.

But researchers did recognize that the benefits that were detected by the study could remain on the page. “Access to valganciclovir is currently extremely limited in low-income countries due to cost and availability. Without expanded generic production, and policy-level interventions, the clinical benefits seen in this trial might not translate into meaningful population-level impact,” the study states.

English version by Caitlin Donohue.

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