Siete Periodistas Asesinados En Siete Meses En México: “Los Matan Porque Se Puede”

A Francisco Alejandro Leyva Aguilar lo mataron mientras comía. Lo asesinaron cuando estaba de espaldas a la calle. Le dispararon directamente a la cabeza y él ni siquiera pudo ver a sus agresores; quizás tampoco los escuchó acercarse. Leyva Aguilar se ha convertido, a sus 60 años, con una larga trayectoria profesional en medios de comunicación de Oaxaca caracterizada por sus feroces críticas a los gobiernos de Morena, en el séptimo periodista asesinado en México solo en este año. Como en todos los otros casos, las autoridades han asegurado que el caso de Leyva “se investigaría”. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, en una breve y repetitiva respuesta, ha asegurado que ha instruido a su gabinete para que atienda el asunto. Sin embargo, los siete casos conservan algo en común: la impunidad. “No hablamos solo del número de periodistas asesinados, sino de un contexto en el que persisten las amenazas, los ataques físicos, las desapariciones, las campañas de estigmatización y todo esto amparado por una impunidad que sigue enviando el mensaje de que agredir a la prensa no tiene consecuencias”, expone Mariana Suárez, coordinadora de protección de Artículo 19 en México y Centroamérica.

“No es una suma de casos; todo esto se convierte en un patrón”, precisa. Recibieron amenazas previas por distintos medios y algunos de ellos habían recibido medidas de protección por denuncias anteriores, sin que eso significara algo para mantenerlos con vida. La mayoría de las víctimas se dedicaba a destapar casos de corrupción política y problemas de inseguridad.

‘El zumbido del Moscardón’

Leyva Aguilar escribía la columna El zumbido del Moscardón, que también compartía en su cuenta de TikTok. Gracias a ese registro, se sabe que en noviembre de 2025, el periodista, padre de dos hijos, hermano e hijo amoroso, amante de la lectura y de la poesía, advirtió en esa red social que si algo le pasaba a él o a su familia, hacía responsable al gobernador de Oaxaca, el morenista Salomón Jara, a su secretario de Gobierno, Jesús Romero, y al consejero jurídico del Gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero. Todos de la administración morenista que gobierna ese Estado.

En su último video, Leyva Aguilar recomendó su columna del día y adelantó que contenía información sobre “la permisibilidad del gobernador Salomón Jara para institucionalizar el crimen” a través de su hermano, Noé Jara, y a la ASAEO, Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca, por presuntas extorsiones. En otros contenidos anteriores, además, acusaba al gobernador de tener “al narco metido hasta las narices” en su administración, lo que explicaba, decía, el aumento de la violencia en el Estado. También había criticado la organización del Festival Folclórico Tradicional de la Guelaguetza, su poca afluencia y los posibles nexos, denunciaba, entre la Secretaría de Turismo y el crimen organizado.

El gobernador Jara dijo este viernes que está dispuesto a declarar si es que la Fiscalía de Oaxaca lo cita para tomarle su versión. Sobre lo dicho por Leyva en su columna, aseguró: “No existe ningún elemento para sostener una afirmación de esa naturaleza que pueda inculpar; la Fiscalía debe determinar responsabilidades”. Las autoridades locales hicieron públicos videos de los momentos previos al ataque del pasado 22 de julio, en los que hay por lo menos tres hombres y una motocicleta implicados en el asesinato. Uno de ellos, antes de disparar, hace una llamada por su celular.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó que el 14 de julio de 2025, Leyva acudió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para presentar una denuncia tras haber recibido amenazas de muerte. Además, después presentó una denuncia ante la FGR contra el gobernador y los dos funcionarios que denunció en su video.

‘El Jaguar’

A Josué Martínez Contreras, de 39 años, lo asesinaron el 16 de julio pasado frente a su madre y a su hijo, de 13 años, que fue quien hizo la llamada a los servicios de emergencia. A su llegada ya no pudieron hacer nada. Varios hombres en una motocicleta le dispararon cerca de su casa, en Puebla. Era el director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, abogado y académico, que solía reportar noticias locales sobre seguridad, servicios públicos y sobre la administración local.

Le decían El Jaguar y era un ferviente seguidor del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, asesinado también a tiros el 1 de noviembre de 2025. Unos meses antes de su muerte, Contreras había cambiado su foto de perfil en redes por una en donde hacía un homenaje a Manzo, líder del Movimiento del Sombrero, ese objeto que se convirtió, primero, en un símbolo de resistencia ante la crudeza de la violencia en México liderada por el edil, y luego, tomó camino como un movimiento político.

Un video de noviembre pasado ya mostraba el hostigamiento que sufría por parte de las autoridades, después de que denunciara la existencia de tomas clandestinas de agua potable en su municipio y la falta de transparencia del dinero público recaudado por el cobro de ese servicio. Según lo que el propio periodista relata en esa grabación, el presidente municipal, así como personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), llegaron a su casa y lo acusaron de no haber pagado varios recibos de agua. El periodista muestra a cámara los recibos pagados y asegura que, aunque les había aclarado la situación y presentado sus comprobantes, igualmente pagó una especie de “multa” de 6.000 pesos (unos 350 dólares). “El meollo de todo este asunto es que no los dejamos hacer un negocio jugoso para llevarse al agua […] Lo que quieren es quitarme, hacerme a un lado”, dice.

El video termina con la siguiente frase: “Recuerden que más vale morir con la fuerza del pueblo que morir de rodillas. Eso se los digo: vamos a luchar por nuestro pueblo y por nuestro municipio”, dijo. Hace solo unos días, Javier Montalvo, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, fue detenido por intentar sobornar a policías que indagaban el homicidio de Contreras.

Alex Serna

Manuel Alejandro Mora Serna tenía 39 años y hacía contenido periodístico para YouTube y redes sociales sobre medio ambiente, especialmente sobre la gestión del agua, los daños ambientales y los posibles casos de corrupción en los que estaban involucradas empresas y autoridades locales en Zihuatanejo, en Guerrero. Lo mismo daba si se trataba de empresarios, políticos de cualquier partido o presuntos miembros del crimen organizado, Serna iba a los lugares recónditos para comprobar, con su cámara, por ejemplo, las estructuras colocadas para impedir el flujo del agua, cuyos presuntos responsables nombraba con nombre y apellido.

Esconden el agua en Zihuatanejo o Muelle de Zihuatanejo destruido son otros de los títulos de sus videos. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en marzo, Serna publicó una captura de pantalla de una amenaza de muerte que había recibido presuntamente de un familiar de la alcaldesa priista de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro, a quien acusaba regularmente de corrupción. Citando en anonimato a un funcionario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la CPJ confirmó que Serna no había sido incorporado a un programa de protección por parte de la dependencia.

El periodista publicó por última vez en sus redes el 20 de junio. Antes había denunciado con documentos que una empresa deshidratadora de mango había estado operando desde el 2017 sin permisos ambientales en La Saladita, una playa a unos 40 kilómetros de Zihuatanejo. Su familia avisó de su desaparición y la Comisión de Búsqueda difundió su ficha. El 3 de julio la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero confirmó el hallazgo de su cuerpo. Algunos medios locales reportaron que tenía huellas de tortura.

Veracruz, el más peligroso para la prensa

El terror de Veracruz, el Estado que ha sido el más peligroso para la prensa en los años recientes, comenzó a sentirse desde los primeros días del 2026. El 8 de enero, el periodista independiente Carlos Leonardo Ramírez Castro, de 26 años, fue asesinado a tiros en Poza Rica, un municipio en el norte del Estado. Ramírez era el director del medio digital Código Norte Veracruz y cubría la nota roja local, denuncias ciudadanas y eventos sociales en la región. Había denunciado ya antes amenazas en su contra y desde 2024 tenía medidas de protección de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), que concluyeron solo unos meses antes de su asesinato, después de que Ramírez abandonara temporalmente Veracruz. Ese mismo año, según confirmó la organización Artículo 19, fue víctima de intimidaciones por parte de policías municipales. Había vuelto a la ciudad en los últimos meses de 2025.

El grupo delincuencial que perpetró su asesinato publicó el video del ataque. “El hecho de que los sicarios grabaran y posteriormente difundieran el crimen refleja el nivel de impunidad con el que operan en la región”, recogieron medios locales.

El caso de Ramírez Castro no terminó solo con su asesinato. El día de su funeral, el 10 de enero, dos jóvenes de 23 años desaparecieron. Se trata de Wendy Arantza Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz; la primera era pareja del periodista, que iba acompañada por su amiga a la ceremonia. Las dos mujeres siguen, hasta ahora, en paradero desconocido. Sus fichas de búsqueda inundan las redes de familiares y amigos, ante el silencio de las autoridades, mientras que dos órdenes de aprehensión han sido giradas dentro de las investigaciones por el homicidio del periodista.

En esa misma ciudad, cinco meses después, asesinaron a tiros a Luis Ángel López Valdez, reportero de 29 años, colaborador del medio Vanguardia de Veracruz. El periodista también era ingeniero y parte de la organización Cruz Ámbar, dedicada a la atención de urgencias médicas prehospitalarias, rescate y protección civil, y contaba con la protección de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), tras haber recibido amenazas anteriormente.

Durante su funeral, dos de sus compañeras lo describieron como un joven muy trabajador, alegre, ingeniero de profesión que, sobre todo, se dedicaba al periodismo. “Era un hombre al que le gustaba su trabajo, le apasionaba, que era la nota policial y donde los reporteros no tienen garantías. Él pidió medidas de protección que no fueron cumplidas. Es triste y lamentable que, como medio de comunicación, como reporteros, estamos dando la noticia de un compañero que ha caído, y ejerciendo su trabajo”, dijeron, entre lágrimas.

Vanguardia de Veracruz aseguró, citando al secretario de Gobierno estatal, Ricardo Ahued Bardahuil, que una de las líneas en la investigación del asesinato de López Valdez es una denuncia que el reportero había interpuesto por hostigamiento contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en su contra.

El caso que más ha estremecido al Estado y al país entero en los últimos meses ha sido, por su brutalidad y visibilidad, el de la periodista Roxana Berenice Guzmán, fundadora de Pulso Informativo del Sureste, quien el 2 de junio documentó cómo varios hombres encapuchados forzaron y rompieron la puerta de su casa, en Nanchital, en el sur del Estado, para llevársela.

Los restos de la mujer fueron encontrados el pasado 3 de julio y las autoridades confirmaron la detención de ocho personas relacionadas con su desaparición y asesinato; entre ellas están cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, un municipio vecino. Esta misma semanal, la fiscalía ha pedido al Congreso de Veracruz que retire el fuero al presidente municipal de Ixhuatlán a quien acusa de haber ordenado el secuestro y crimen de la periodista porque, según la investigación, tenía una fotografía que lo comprometía como político: aparecía él portando un arma larga.

‘Táctica SS’

Juan David Gámez era director del portal Táctica SS, en el que compartía cobertura sobre temas policiales, narcotráfico y corrupción en el ámbito local. Solía hacer denuncias sobre las condiciones de seguridad en la zona y en su sitio web no aparece información personal ni tampoco imágenes de su rostro. Publicaba reportes sobre robos, operativos, secuestros, hallazgos de cuerpos y ataques armados. Su última publicación en redes fue un día antes de ser asesinado a tiros, en el municipio de García, en Nuevo León. Entre sus últimos posteos, está el del 16 de marzo, dos días antes de morir, en el que escribió: ¿Por qué en Nuevo León no podemos hacer periodismo de investigación sin recibir amenazas?

Por qué matan a los periodistas

La organización Artículo 19, tras más de 20 años de monitorear el contexto para ejercer el periodismo en México, lo tiene claro: “Es una pregunta dolorosa, es una pregunta que indigna y que duele mucho. Es una pregunta que en Artículo 19 nos hacemos constantemente. Y tal vez escucharán a otros colegas decir esto mismo que voy a contestar: En México se mata a periodistas porque se puede. ¿A quién me refiero con esto? A la impunidad”, dice Mariana Suárez.

La organización ha documentado que la mayoría de los y las periodistas que son agredidos cubren corrupción y política. Ellos y ellas representan 55% de las agresiones; les siguen quienes cubren seguridad y justicia, fuentes conocidas como nota roja, con un 24%, y después quienes hacen coberturas relacionadas con derechos humanos, que representan el 12% de las agresiones y, finalmente, quienes atienden temas del sector privado y tierra y territorio. “La impunidad no es solo la ausencia de justicia. También es un factor que favorece la repetición de las agresiones. Porque mientras quienes atacan o asesinan periodistas no enfrentan consecuencias, el riesgo para quienes ejercen el periodismo permanece”, dice Suárez.