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Trump Afirma Que “no Tendría Problema” En Que Jensen Huang Regrese A Nvidia

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El presidente Donald Trump dijo este lunes que “no tendría problema” si Jensen Huang regresa a la jefatura de Nvidia, tras su turbulenta salida la semana pasada en medio de un escándalo que involucró amantes, una supuesta espía de China y una investigación por la sospecha de que Pekín pueda haberse hecho con tecnología sensible para Estados Unidos.

El presidente dijo en declaraciones a la prensa que cree que el fundador del mayor fabricante de chips del mundo, con quien tiene una relación cercana, “aprendió una gran lección”, que la seguridad nacional “no estuvo en riesgo” y que desconoce si Alice Huang, la ejecutiva de la empresa Megaspeed en el ojo de la tormenta, era una espía. En sus primeras declaraciones públicas sobre el rol de Alice Huang en la compañía, Megaspeed dijo el domingo que ella había dejado la empresa en agosto de 2025.

Pese a que las palabras de Trump se suman a un creciente coro de voces que apoyan el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia, una información del diario británico Financial Times señaló que la junta directiva de la gigante tecnológica no está considerando por el momento reincorporarlo como su consejero delegado. En la víspera, ese medio precisó que Huang había hablado con allegados un posible regreso a Nvidia. Huang no se ha expresado públicamente sobre esa posibilidad.

Los directivos de Nvidia encaran una creciente presión por su retorno. Una petición online pidiéndole que vuelva suma más de 175.000 firmas, incluyendo las de Elon ⁠Musk, consejero delegado de SpaceX y Tesla, y empresarios de Silicon Valley como Amjad Masad, de Replit, y Tim Sweeney, de Epic Games.

La web para que “regrese Jensen” tiene una carta respaldada por empleados, aliados y accionistas. “Escribimos en gratitud a Jensen Huang y con una demanda clara a la junta: que Jensen regrese mientras se realiza una investigación independiente que determine los hechos, salvo y hasta que pueda proveer evidencia convincente de que su remoción tiene como base los mejores intereses de Nvidia”, se lee en ella.

“Durante 33 años, Jensen puso su corazón y alma para construir a Nvidia. Apostó por ideas que habían sido desestimadas por la mayoría en la industria y permaneció firme cuando parecían ser ingenuas. […] Muchos de nosotros nos unimos por él”, dice el documento.

Huang dimitió la semana pasada mientras la junta directiva sopesaba su salida en medio de un escándalo por varias relaciones extramaritales: una de ellas con Alice Huang, la ejecutiva de Megaspeed a la que Nvidia vendió miles de millones de dólares en chips avanzados que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen era una espía de Pekín.

Funcionarios del gobierno consideran que la maniobra de Megaspeed pudo poner en riesgo la seguridad nacional. El presidente Trump fue informado de la presunta maniobra pero, según una investigación de The New York Times, no tomó alguna acción concreta en medio de su relación cercana con Jensen Huang.

El escándalo ha golpeado las acciones de Nvidia, que hasta hace poco era la empresa con mayor capitalización de mercado, y ha puesto en cuestión futuros acuerdos de ventas de una empresa crucial en la carrera por la inteligencia artificial. En palabras de Musk, por ejemplo, muchos de los acuerdos de Nvidia se reducían a “un apretón de manos con Jensen, no [constituían] un contrato por escrito”. “Sin Jensen, se perderán al menos algunos de sus pactos cruciales”, escribió Musk en la red X.

El escándalo de Nvidia crea fricciones en el Gabinete de Trump

Según el reporte del Financial Times este domingo, un grupo de ejecutivos de Silicon Valley quiere conseguir el apoyo de la Casa Blanca para que Huang tome las riendas de Nvidia. Pero un posible regreso del ejecutivo podría crear fricciones dentro del gobierno de Trump. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo públicas la semana pasada sus diferencias por cómo su colega del Departamento de Comercio, Howard Lutnick, había manejado las exportaciones de tecnología sensible para Estados Unidos, como los chips de Nvidia.

Mientras, el Congreso de Estados Unidos también ha pedido explicaciones y la comparecencia de Lutnick. La demócrata del Estado de Washington Maria Cantwell, miembro del comité de Banca del Senado, criticó al secretario de Comercio por no adoptar medidas suficientes para evitar que China obtenga chips avanzados.

“Estados Unidos no puede mantener su liderazgo en la IA si la agencia responsable de proteger esa ventaja falla en hacer cumplir sus propios controles”, escribió en una carta fechada el 15 de noviembre.

Hace poco más de un año, The New York Times reportó que autoridades de Estados Unidos investigaban si Megaspeed ayudaba a clientes chinos a hacerse con chips de Nvidia sujetos a controles de exportación de Washington. Pekín lo ha negado. Tampoco se ha revelado formalmente que Megaspeed haya quebrantado las normas.

Bloomberg reportó que, en medio de la investigación de las autoridades estadounidenses, el Gobierno le pidió a Nvidia que revisara el paradero de sus envíos a Megaspeed. Según Bloomberg, Megaspeed había importado unos 50.000 chips más de los que Nvidia encontró en los centros de datos de la compañía con sede en Singapur.

Este martes tras el cierre del mercado, Nvidia tiene previsto hacer público sus resultados trimestrales, los primeros sin Huang al mando y con la directora financiera, Colette Kress, como su jefa interina.

La agencia Reuters explica que, hasta esta crisis, los inversores enfocaban su mirada en la caída en la capitalización de mercado de Nvidia y en el alto nivel de gasto financiado con deuda. Ahora, agrega, querrán saber si la compañía podrá mantener sin Huang su dominio en la fabricación de chips y su respaldo a los proveedores de servicios en la nube y laboratorios de IA.

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In Ecuador, Even The Basics Of Life Become A Battle

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Power went out suddenly at Natalia Peñaherrera’s home in Quito on the morning of October 14. She had spent weeks hearing experts on the news talk about an electricity crisis, even though the government said there would be no outages for the public. When the lights went out, she thought of her grandmother, who has pulmonary fibrosis, and of the battery for the oxygen machine they both rely on to breathe.

The blackout hit her neighborhood and much of the capital. The first thing Peñaherrera did was check that her grandmother’s emergency equipment had charge, because she needs oxygen around the clock. “It lasted just long enough until the power returned, which was a little more than two hours,” she says. “I thought of people who don’t have a backup system. What would have happened if my tank or battery had been out of charge? They leave us in total anguish; it’s outrageous.”

Uncertainty has become embedded in the daily life of a country battered by violence, homicides, and extortion. Since Daniel Noboa took office in November 2023, Ecuador has lived under successive states of emergency and curfews, the president’s main strategy to fight organized crime. Added to the insecurity is an energy crisis. The government has ordered industries to be disconnected for up to three consecutive days a week to ration reservoir levels that feed hydroelectric plants, and blackouts have been recorded in different provinces without authorities explaining the causes. On top of all that, the system is failing its citizens.

An obstacle course

Just try getting a driver’s license, registering a vehicle, or trying to sell one. Or securing a spot at a school, making a medical appointment, or claiming a relative’s body at the morgue. These are procedures that should be resolved quickly, but in Ecuador they can turn into an obstacle course, with endless lines beginning at dawn.

This is the case for Xavier Macías, who has been trapped for two years in a procedure that forces him to go from one institution to another — the National Transit Agency, the Prosecutor’s Office, and the Internal Revenue Service — to get his vehicle registered again in his name. In 2024 someone “cloned” his license plate. Macías still has no answer.

The figures from the Latinobarómetro report published in October 2026 put numbers to that experience. In Ecuador, only 16% of respondents are satisfied or very satisfied with public hospitals, compared with a 28% average in Latin America. Satisfaction with the justice system falls to 11%, versus 22% across the region.

When citizens are asked whether the state has done much or even something at all for them or their families over the past three years, only 19% answer affirmatively. In 2011 that proportion was 50%.

“It feels like abandonment, like being unprotected,” Peñaherrera tries to explain. “As if two siblings were fighting and we didn’t have a father to defend us. That is what the state should be, but it is absent. You cry and cry to see if someone will help you.”

For Peñaherrera, 43, each everyday problem requires fighting a battle. Fifteen years ago she was diagnosed with systemic scleroderma, an autoimmune disease that over time has caused another 17 illnesses. “If we’re not bothering people every day, asking for appointments, begging for care, nothing happens,” she says.

The shadow of corruption

The efficiency of the state does not fare well either. Ecuadorians give it a score of 4.4 out of 10, below the Latin American average of 4.7, while 82% distrust that their tax money will be well spent. “Corruption helps explain that rupture,” says Germán Rodas Chaves, a member of the National Anti-Corruption Commission, a citizen initiative that monitors possible corruption cases. “What other result can you expect when state bodies have shown themselves to be on the side of impunity?” he asks.

Rodas focuses attention on corruption cases that have tainted the government. One concerns Progen: the state paid $104 million to the U.S. company for generators that turned out to be used equipment, repainted and presented as new. None of these cases has led to political accountability for the ministers in charge. The assembly, which has a pro-government majority, blocked attempts to attribute responsibility to them, and the Prosecutor’s Office also excluded them from investigations.

The executive branch, for its part, maintains it is taking a hard line on corruption. In a recent interview, Noboa said that even his friends would go to jail if they committed corrupt acts. “They ceased being my friends the second they committed the act of corruption,” he said.

Only 31% of Ecuadorians consider that much or some progress has been made in the fight against corruption in the last two years. “There is a sense of hopelessness about the future, because institutions are not fulfilling the purposes for which they exist,” Rodas adds. And when institutions stop responding, solutions begin to be sought by other means.

Without connections there is nothing

Alexandra Carreño, a 43-year-old makeup artist from Guayaquil, knows that logic well. In Ecuador, she says, many things do not get done without connections — that is, contacts that help secure an appointment for a driver’s license or passport, a medical visit, a job, or a spot in an educational center. Sometimes money isn’t involved. A favor is enough, one that sooner or later will have to be repaid. Carreño’s daughter wanted to study veterinary medicine but did not get a spot at the university. Unable to pay for a private school, she decided to start a small artisanal pastry business. “She can’t dream of someday having her own shop, because we are afraid of extortion, of her being kidnapped or robbed,” Carreño says.

This mother’s perception aligns with that of 60% of respondents, who believe Ecuador is losing the battle against organized crime and drug trafficking. Eighty-seven percent perceive that organized crime has a lot of power.

Carreño’s family has begun to consider migrating to Spain, where her mother lives. But just talking about it tightens her throat. “Leaving your country shouldn’t be the only option. Ecuador is a beautiful country, but right now we’re just trying to survive.”

Distrust reaches even the rules of democracy. According to Latinobarómetro, 88% of Ecuadorians do not feel represented by Congress. Forty-seven percent consider that an authoritarian government might be preferable to a democratic one or else they don’t care, while a significant portion believes that democracy could work without political parties, without a parliament, without opposition, even without elections.

Rodas attributes that erosion to violence and the state’s lack of responses: “If democracy and freedoms lead them to an asphyxiating, desperate way of life, they assume it is a model that has failed and consider any other possibility.”

During the blackout, Peñaherrera’s grandmother’s oxygen battery held out just until the lights came back on. Constant medical expenses do not allow them to prepare better in case the electricity crisis worsens. This time, the two were safe. But in Ecuador, even breathing can depend on nothing failing.

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La Historia De Expolio De Tierras Que Los Comuneros De Catacaos Quieren Que Escuche El Papa En Perú

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Una veintena de campesinos del pueblo originario de los tallán, un grupo de hombres, mujeres y niños, se subieron a un autobús este sábado para viajar durante tres horas desde su comunidad de 30.000 personas, San Juan Bautista de Catacaos, en la costa norte de Perú, hasta Chiclayo, la ciudad con la que León XIV se ha reencontrado en esta gira por Suramérica y que considera su casa. Quieren que el Papa escuche la historia de cómo fueron despojados de sus tierras por empresas vinculadas a la poderosa secta del Sodalicio, ya disuelta por Francisco pero cuya estructura económica sigue operando.

Luis Inga, uno de los comuneros de Catacaos, en Perú, que viajó a Chiclayo para que el Papa escuche su historia de despojo de tierras.

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Comuneros de Catacaos y miembros del Colectivo Guardianes de los Bosques Secos exigen justicia en búsqueda de la resolución de sus casos.Fiorella Martínez, una de las víctimas, declara ante los medios sobre su caso que involucra a miembros del clero.

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Atacado En Panamá Un Periodista Que Investiga Casos De Corrupción

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Un desconocido prendió fuego en la madrugada del sábado a dos coches y parte de la vivienda en la capital de Panamá del periodista de investigación Rolando Rodríguez, sin que se hayan registrado víctimas. Rodríguez es uno de los directivos del diario local La Prensa e integra el equipo transnacional coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). El presidente de Corporación La Prensa —la casa editora del periódico—, Jorge Molina, calificó de “acto terrorista” el ataque contra el reportero de ese medio. “Estamos preocupados porque el ejercicio del periodismo no puede estar sujeto a actos de terrorismo”, dijo Molina en una conferencia de prensa.

El último trabajo del reportero en CLIP, publicado entre junio y julio y titulado Negocios de Familia, hurgó sobre presuntos vínculos entre los empresarios panameños Roberto y Ramón Carretero Napolitano, el expresidente venezolano Nicolás Maduro y el Gobierno de Cuba. El equipo de investigación está integrado también por Transparencia Venezuela, Diario de Cuba y el medio venezolano Armando.info.

“Hasta ahora las cosas se habían dirimido en juzgados, la persona que hizo este cobarde atentado, ha querido ser juez y verdugo, ha atentado contra la democracia panameña, contra la libertad de expresión”, dijo por su parte Rodríguez, arropado por los directivos de la casa editora del periódico. “Tengo que pensar también en el país, si bien esto ha sido un atentado contra mi familia y mi vida, tengo que decir que esto cambia las reglas del juego de Panamá, porque todos ahora estamos expuestos”, advirtió.

Medios locales dan cuenta de que es el primer atentado de este tipo registrado en Panamá. Una cámara de seguridad mostró cómo un hombre se acerca a la casa de Rodríguez con una mochila. Segundos después, el fuego se propaga desde el estacionamiento hasta el resto de la vivienda. La esposa del periodista se encontraba en la vivienda y logró salir a tiempo.

“Rechazo enérgicamente la acción violenta sufrida por Rolando Rodríguez, periodista de La Prensa, como la rechazo ante todo ciudadano que pase por estas circunstancias”, escribió en X el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. La Policía Nacional y la Fiscalía están investigando lo ocurrido, agregó Mulino, que afirmó que “Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia”.

Rechazo enérgicamente la acción violenta sufrida por Rolando Rodríguez periodista de La Prensa, como la rechazo ante todo ciudadano que pasen por estas circunstancias.

La Policía Nacional está investigando el hecho, junto al Ministerio Público de manera objetiva y eficiente…

— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 14, 2026

Rodríguez es un experimentado periodista de investigación panameño que ha publicado en el pasado trabajos que desnudaron negocios sucios de presidentes, ministros y altos funcionarios. En este momento preparaba una nueva entrega de Negocios de Familia.

El diario La Prensa había recibido esta semana una carta de la abogada de los empresarios Carretero advirtiendo que los textos de Rodríguez afectaban la honra de sus clientes. Roberto Carretero tiene una sentencia de 2021 por malversación de fondos. En 2025, la familia había demandado a Armando.info y a periodistas de La Prensa por calumnias e injurias y exigieron una compensación de un millón de dólares. En octubre pasado, la fiscalía archivó la querella por falta de pruebas. Vicente Carretero, uno de los hermanos, avanzó más tarde directamente sobre Rodríguez y el diario La Prensa.

El diario La Prensa de Panamá, fundado en agosto de 1980, es conocido por sus investigaciones periodísticas, premiadas con galardones internacionales. Es uno de los principales periódicos del país y ha sufrido denuncias de altos políticos que han afectado sus cuentas, así como agresiones, cierres y el exilio de algunos de sus periodistas durante la dictadura militar que gobernó el país hasta diciembre de 1989.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado “enérgicamente el brutal atentado” contra la vivienda del periodista: “Un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia”.

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