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Twelve Spanish Tricks To Sleep Better During A Heatwave

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Stephanie de Leng

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Alberto Núñez Feijóo

Última Hora De La Actualidad Política, En Directo | Zapatero, Tras Ser Imputado En El ‘caso Plus Ultra’: “No Hablé Con Nadie Ni De La SEPI Ni Del Gobierno”

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El juez pide a varios bancos información de las cuentas de la familia de Santos Cerdán

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a varias entidades bancarias información de diversas cuentas y productos financieros de la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista Santos Cerdán al considerar que también se habrían beneficiado de fondos de la empresa Servinabar. 

El magistrado que investiga el denominado caso Koldo accede en un auto a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción. Moreno adopta esta diligencia días después de recibir el informe patrimonial elaborado por la UCO, que detectó que Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de “beneficios” presuntamente irregulares, entre 2015 y 2024, y que alcanzaron “sus máximos” entre 2019 y 2023, “periodo que aglutina la denominada etapa ministerial de (José Luis) Ábalos” y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

Este informe, según explicó el fiscal al apoyar la medida, se elaboró teniendo en cuenta los productos financieros de Cerdán, de modo que, ante la “estrecha relación con personas de su entorno familiar”, Anticorrupción vio necesario ampliar la información a su familia. 

Todo ello con el objetivo de “determinar de la forma más exacta posible la situación económico-patrimonial de Santos Cerdán y su entorno”, para conocer su “patrimonio tanto de derecho (nominal), como de hecho (atribuible), así como la realización de un estudio del origen de sus ingresos y el destino de sus gastos”. Por ello, el juez ha ordenado a las entidades bancarias BBVA, Caixabank, Santander, Cajasur Sociedad Cooperativa de Crédito y Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito que aporten información de una veintena de cuentas. 

El juez subraya que en este caso no existe “una mera sospecha”, sino que hay “constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal” y otros contra la administración pública. 

Recuerda el magistrado que el informe patrimonial aportó indicios de una “posible fuente de ingresos no declarada por Santos Cerdán” y apuntó a ingresos en efectivo del exasesor ministerial Koldo García y su expareja, otros ingresos “de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017” por 18.261,56 euros o una reducción de gastos con tarjeta a partir de 2019, cuando Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes y se adjudicó expedientes de contratación a Acciona que están siendo investigados. 

También menciona el juez liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso por cantidades superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas de Cerdán, o que el 87,04% de los ingresos de la empresa Servinabar provienen de Acciona o proyectos vinculados a esta. Y añade que tanto Cerdán como personas de su entorno familiar habrían sido beneficiarios de bienes y servicios soportados por esta empresa, de forma directa o indirecta, como las nóminas de la mujer y la hermana de Santos Cerdán. (Efe)

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Not Just The Camino: Eight Memorable Multi-Day Hikes In Spain

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Esme Fox

Esme Fox – esme@thelocal.es

Published: 23 Jul, 2026 CET. Updated: Thu 23 Jul 2026 11:55 CET

Not just the Camino: Eight memorable multi-day hikes in Spain
There are multi-day hikes in Spain besides the Camino de Santiago and its variations. Photo: Masi / Pexels

If you’ve always wanted to undertake a long-distance hike in Spain, but don’t want to do the obvious Camino de Santiago, there are lots of amazing alternatives. Here are eight routes to inspire you, some of them in cooler parts of Spain.

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Atentados con pistola

El Gobierno Vasco Vuelve A Dar La Semilibertad Al Etarra Carasatorre Tres Meses Después De Que Un Juez La Revocara

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El preso de ETA Juan Ramón Carasatorre Aldaz, alias Zapata, volverá a disfrutar de la semilibertad. El Gobierno vasco ha acordado aplicar al etarra ―condenado entre otros atentados por el asesinato en 1995 del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez― el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que le permitirá salir de lunes a viernes del Centro Penitenciario de Zaballa (Vitoria), donde cumple condena, para trabajar y realizar actividades de voluntariado. La decisión se produce tres meses después de que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro revocara un acuerdo de enero del Departamento de Justicia en el mismo sentido y obligara entonces al etarra a volver al régimen ordinario de la prisión. Zapata participó el pasado jueves en un encuentro con víctimas dentro del programa de justicia restaurativa que sigue para su reinserción y hace justo un mes el magistrado le autorizó un permiso de salida de seis días, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

El juez Castro revocó en abril la aplicación del 100.2 ―un artículo que permite a un preso en segundo grado u ordinario acceder a beneficios reservados a los que están en tercer grado o régimen abierto― a Carasatorre al considerar que el expediente penitenciario esgrimido por el Departamento de Justicia para concedérsela presentaba graves carencias. Entre ellas, la falta de un informe psicológico que constatase que Carasatorre ha admitido sus delitos y las consecuencias de ellos, más allá de la carta manuscrita de perdón a sus víctimas que consta en el mismo, y la ausencia de un plan de ejecución detallado sobre las actividades que Carasatorre iba a realizar en sus salidas. La decisión del juez Castro fue confirmada en mayo por un tribunal de la Audiencia Nacional. La Fiscalía, sin embargo, había apoyado que se le permitieran las salidas diarias.

La decisión de este miércoles del Gobierno vasco ―que ha incluido también la semilibertad para otro etarra, Félix Alberto López de la Calle, Mobutu― ha causado un enorme malestar en el seno de las asociaciones de víctimas. Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha denunciado en conversación telefónica con este diario que el Ejecutivo de Imanol Pradales haya tomado la decisión días después de que Carasatorre tuviera un encuentro con víctimas de ETA dentro de los talleres de justicia restaurativa que organiza el Departamento de Justicia. “Ir al caserío [en referencia al lugar donde se celebran estas reuniones] y premio”, se lamenta Ordóñez, que denuncia que ella ha pedido participar en uno de estos encuentros con Carasatorre, ya que participó en el asesinato de su hermano, y este no ha respondido a la solicitud.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha emitido un comunicado en el que critica la medida, que considera que forma parte de un plan que “persigue vaciar las cárceles de presos de ETA”. Según un recuento de esta asociación, desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de los tres centros penitenciarios de Euskadi, en octubre de 2021, ha concedido 147 semilibertades (122 al clasificar a los reclusos en tercer grado o régimen abierto y 25 al aplicarles, como a Carasatorre, el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario). “Como consecuencia de esta política, de los aproximadamente 120 presos de ETA que permanecen en prisión, solo 36 continúan en régimen ordinario sin salir de prisión”, denuncia la AVT.

Cuando en mayo pasado los tres magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional respaldaron la decisión del juez Castro de revocarle la semilibertad a Carasatorre, incidieron en el carácter “extraordinario y excepcional” del artículo 100.2 y, por ello, en la necesidad de ser “particularmente riguroso” con el cumplimiento de los requisitos para aplicarlo, sobre todo a condenados por “delitos de especial gravedad”, como es el terrorismo. En aquella resolución, el tribunal recordaba que se requirió al Gobierno vasco que completara la documentación con “el plan de ejecución o programa tratamental” que justificaba aplicar esta medida al preso de ETA, “sin que el mismo fuera aportado en los términos exigidos”.

En su resolución, los tres magistrados destacaban también que la Junta de Tratamiento de la prisión ―órgano formado por profesionales penitenciarios― no propuso que se concediera a Carasatorre la semilibertad, sino que, por el contrario, era partidaria de mantenerle en segundo grado ordinario (en el que está el 75% de los presos en España), “lo que evidencia la ausencia de elaboración técnica del programa [de reinserción] requerido”.

El tribunal añadía que, pese a esta carencia, el Gobierno vasco aprobó la medida para el recluso, lo que, en su opinión, “desnaturaliza el sistema de individualización científica del tratamiento y afecta al control judicial efectivo”. Los magistrados no negaban que en Carasatorre concurren “elementos positivos”, como una adecuada conducta, su participación en programas penitenciarios, el reconocimiento del daño causado y una evolución favorable, pero consideraban que todo ello no permite prescindir del requisito de que exista un programa tratamental específico.

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