“¿Se va a condenar a un señor por un chascarillo?”. La frase pronunciada por el abogado Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, en la sesión del juicio de este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz resume la postura de la Fiscalía y de las defensas para pedir la absolución del hermano del presidente del Gobierno, del exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y de las otras nueve personas que se sientan en el banquillo. Todas ellas han coincidido al presentar sus escritos de conclusiones definitivas en que no existen pruebas de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación que las acusaciones ven en la creación y adjudicación de un puesto de alta dirección en 2017 a David Sánchez, en el cambio de nombre de dicha plaza en 2022 y en la adjudicación de otro puesto en 2023 a Luis Carrero, amigo del hermano del jefe del Ejecutivo han centrado.

En frente se han situado las siete acusaciones populares, que han esgrimido una y otra vez los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para sostener sus peticiones de penas, que van de uno a seis años de prisión. Dos de ellas han aludido durante esta jornada a la supuesta influencia en la causa extremeña del llamado caso Leire, en el que se investiga una presunta trama de corrupción liderada por la exmilitante socialista Leire Díez dedicada supuestamente a maniobrar para desbaratar causas judiciales que afectaban al PSOE o a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, han sido los informes del instituto armado los que han centrado buena parte de las intervenciones de unos y otros o para defenderlos o para atacarlos. La Fiscalía, como ya hiciera en su recurso al auto de procesamiento en el que pidió el archivo, ha apuntado que contienen “conjeturas” sin valor probatorio suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados.

La representante del ministerio público, Beatriz García Boró, ha incidido que se cumplieron “todos los requisitos” en los procesos de contratación cuestionados por las acusaciones y ha destacado que cuando se llevaron al pleno de la diputación pacense para su aprobación nadie puso objeciones. Como ya hizo durante los interrogatorios, la fiscal ha vuelto a cuestionar la validez de uno de los testimonios en los que sustentan las acusaciones sus escritos: el de la directora de orquesta Cristina de Frutos, que fue una de las candidatas al puesto que terminó ocupando David Sánchez y que declaró que se había sentido “discriminada”. “No formuló denuncia alguna”, ha recalcado.

La Fiscalía ha reservado los últimos minutos de su intervención para volver a defender el papel de la jueza instructora, Beatriz Biedma, y el suyo propio. García Boró ha negado, como han apuntado dos de las acusaciones este marte tras citar el llamado caso Leire, haber recibido instrucciones para no acusar en esta causa. “[Los fiscales] nos regimos bajo el principio de dependencia jerárquica […], pero sobre todo nos erigimos en defensa de la legalidad” ha dicho.

El abogado de David Sánchez también ha reclamado la absolución de este al considerar que no se puede sostener una acusación de tráfico de influencias “sin saber quién es el influyente y la influencia”. “A ver si por ser hermano de quien es no puede firmar una plaza. A ver si va a tener que vivir en una tribu. ¡Hombre, tendrá derecho a acceder a las plazas públicas!”, ha manifestado. El letrado ―que había intentado sin éxito al inicio de la sesión que sucliente pudiera declarar por segunda vez para ampliar lo que manifestó el jueves― ha defendido que, con el fin del juicio, “se acabaron las conjeturas, las filtraciones interesadas, el interés de los medios de comunicación, incluso las ganas de poder derrotar un Gobierno” tras recordar el “sesgo” ideológico de derecha y ultraderecha de todas las acusaciones. En su intervención, Cortés ha cargado contra la Guardia Civil y, en concreto, contra el teniente coronel Antonio Balas, el alto mando de la UCO que dirigió las pesquisas y que declaró por ello en la vista oral. El abogado ha afeado al mando que dispensase a las defensas peor trato que a las acusaciones populares cuando le interrogaron.

También muy crítico con el teniente coronel Balas ha sido el abogado Juan José Torres, defensor de Gallardo, quien ha considerado que las afirmaciones de aquel durante la vista habían sido contradictorios con lo que recogían su propios informes. “Sus manifestaciones no tienen base”, ha concluido, para después criticar la selección que hizo de los miles de correos electrónicos intervenidos durante la investigación y que le hizo descartan sin motivo muchos de ellos. Torres ha aludido al encontronazo verbal que tuvo con el mando del instituto armado cuando le preguntó el miércoles si habían encontrado “algún correo relevante” y este le respondió: “¿Le parece poco?”. Este lunes, el abogado ha querido dejar claro que, efectivamente, le parecen “pocos para un estado de derecho”.

El ‘caso Leire’, a escena

Por su parte, las acusaciones, que han expuesto sus conclusiones definitivas al inicio de la sesión, se han ajustado al guion previsto y han incidido, como ha hecho el representante del pseudosindicato Manos Limpias, el letrado José María Bueno, en que el puesto que finalmente ocupó el hermano del presidente se creó de manera “arbitraria” por una “decisión política” de la que han responsabilizado a Gallardo. Todas las acusaciones han hecho pivotar sus exposiciones en el informe de la UCO, que han calificado de “demoledor” en varias ocasiones. “No puede tener el mismo valor el informe de la UCO que las declaraciones de personas con el carné del PSOE que trabajan para la diputación”, ha recalcado Polonia Castellano, representante de Abogados Cristianos, en referencia a la docena de funcionarios que han negado durante la vista las irregularidades. Marta Castro, de Vox, ha dado un tinte político a su intervención al afirmar que “el fantasma que sobrevuela aquí es don Pedro Sánchez Pérez-Castejón” y ha llegado a sugerir que si durante la instrucción y ahora en la vista la Fiscalía no acusa es porque tenía órdenes políticas en este sentido.

El caso Leire lo ha sacado a relucir la penúltima acusación en intervenir, la que ejerce Iustitia Europa. Su abogado, Luis Pastor, ha aludido a las supuesta presiones recibidas por la UCO para ponerse de “perfil” en esta investigación que han revelado dos generales de la Guardia Civil. El letrado ha dado por hecho, sin más argumentos, que ello impidió ir más allá en las pesquisas por la contratación de David Sánchez. Sin embargo, ha sido el representante del PP, el letrado Alberto Durán ―que se ha presentado como víctima de las “cloacas del PSOE”― quien más ha incidido en ese caso que se investiga en la Audiencia Nacional.

Durán, que ha ironizado sobre la supuesta “ópera bufa” en que se convirtió la contratación de David Sánchez y su amigo Luis Carrero, ha asegurado que la trama de Leire Díez había torpedeado la causa: “Las cloacas han intentado que este procedimiento no se celebre, controlando a la Fiscalía”, ha subrayado. “Si tan limpio es todo, pulcro, cristalino, no tiene ninguna irregularidad ¿por qué desde la cloaca del PSOE tiene que establecerse un sistema criminal para tratar que este procedimiento no se celebre?“, se ha preguntado.