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El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJM) declaró nula de pleno derecho la tasa de basuras de 2025 el pasado marzo. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido al inicio del pleno en Cibeles este miércoles que los técnicos municipales “hicieron una tramitación correcta del expediente”. La sentencia del TSJM tumbó el tributo del año pasado, que recurrieron numerosas organizaciones y oposición, porque faltaba un documento clave para explicar el cálculo del impuesto.

“Vamos a hacer lo que nos dicen los servicios jurídicos. Esto no es una decisión política, esto no va al arbitrio ni de discrecionalidad. Nosotros decimos a los servicios jurídicos: ¿hay motivo o no hay motivo [para recurrir]? Y los servicios jurídicos nos dicen que lo hay. Y, por tanto, interpondremos recurso de casación”, ha señalado Almeida en su primera intervención, a raíz de una pregunta de Javier Ortega Smith sobre si devolverá el dinero recaudado o no. “No cabe la devolución a todas aquellas situaciones que son firmes ya en vía administrativa y que no son susceptibles de recurso”, ha respondido el regidor.

El alcalde ya avanzó hace dos semanas que devolvería la tasa de basuras en aquellos casos en los que lo permitiera la ley, es decir, aquellas personas que hubieran recurrido el tributo de 2025 en tiempo y forma, y no se hubiera resuelto dicho recurso. Esto ahora queda en el aire y habrá que esperar a que el alto tribunal se pronuncie al respecto.

Almeida ha defendido que lo hacen para “defender el trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid porque, a su juicio, “hicieron una tramitación correcta del expediente”. La tramitación de los expedientes y la elaboración de los informes corresponde a los técnicos municipales, ha expuesto. “Solo la defensa de esos servicios justifica que podamos poner este recurso de casación”, ha señalado el alcalde. Y la delegada del área de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha añadido que hasta que no haya sentencia firme, no procede hacer ninguna declaración sobre devoluciones.

Antes de conocerse la sentencia, más de 130.000 personas reclamaron la tasa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal o a la Agencia Tributaria, según datos aportados por el Ayuntamiento hasta febrero de 2026. El Consistorio estima que el cobro de este impuesto supone el ingreso de unos 300 millones de euros anuales a las arcas públicas. La ordenanza de 2026 está aprobada y también ha sido recurrida por organizaciones y Más Madrid al TSJM, que deberá dirimir si incurre o no en el mismo defecto que la anterior. De hacerlo, también quedará anulada.

La tasa de basuras ha sido el tema recurrente del pleno ordinario de este miércoles, que tuvo que posponerse un día debido a la agenda del alcalde. También otra devolución, la de las multas por entrar a zonas de bajas emisiones, cuya ordenanza tumbó el TSJM en 2024 y que el Ayuntamiento recurrió al Supremo. El alto tribunal desestimó el recurso, pero para entonces el Consistorio madrileño ya había aprobado una nueva normativa. Este miércoles, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reiterado que no devolverá las sanciones.

El limbo de Vox

Tanto la tasa como las multas han sido el foco de Vox a lo largo de casi todo el pleno, donde us cinco concejales no disimulan la guerra abierta entre ellos a raíz de la expulsión de Ortega Smith de la formación de ultraderecha. Hay dos equipos, los afines al ex secretario general ―Carla Toscano e Ignacio Ansaldo― y los que no ―Arantxa Cabello y Fernando Martínez―. Tres a dos, por ahora gana Ortega Smith.

Así ha comenzado su primera intervención Cabello: “Intervengo como portavoz legítima del grupo municipal Vox, voy a repetirlo en cada una de las intervenciones”. Y lo ha hecho.

Antes de que comenzara la sesión, ha arremetido contra el Ayuntamiento por no haber retirado la portavocía a Ortega Smith. “Es una cacicada”, ha atacado. Almeida le ha respondido: “Cuando uno tiene que apellidar la condición de portavoz, a lo mejor es que no es portavoz”.

La brecha entre unos y otros es evidente y se manifiesta en cada votación. Cabello y Fernández votan aparte desde hace dos meses y los otros tres lo hacen como grupo municipal, con un voto único. También en las preguntas que han llevado a Pleno: Ortega Smith ha llevado la tasa en una y Cabello ha hecho lo mismo en otra, como si formaran parte de partidos diferenciados.

Por ahora, la situación del grupo municipal en Cibeles se encuentra en un limbo. El Ayuntamiento no va a decidir sobre el futuro de los concejales de Vox expulsados hasta que se resuelvan las cautelares que han presentado Ortega Smith y los dos ediles afines. Hace una semana, el exsecretario general interpuso una demanda contra la cúpula de Vox por vulneración de derechos.

Placa en ‘La Mandrágora’

Casi al final del pleno, se ha dado una situación cada vez menos habitual: propuesta aprobada por unanimidad. El número 42 de la calle de la Cava Baja, en el barrio de La Latina, contará con una placa conmemorativa a La Mangrágora, el sótano, hoy reconvertido en bar de pinchos, que fue escenario de la vida cultural y nocturna del periodo de la Transición, abierto a finales de los setenta. Allí actuaron, entre otros, Joaquín Sabina, el cantautor Javier Krahe y Alberto Pérez. El PSOE ha llevado una iniciativa para reconocer el local, a través de un distintivo, como “espacio emblemático de la vida artística, musical y cultural de Madrid”. Todos los partidos han votado a favor.

¿Te imaginas vivir sin educación pública? Esa pregunta se la podrían hacer muchos madrileños, pero son los profesores los que invitan ahora a planteársela. Aunque más que invitar, obligan a pensar hacia dónde va el sistema pública madrileña con las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Este domingo han salido a las calles miles de personas entre docentes, familias y estudiantes de todos los niveles de enseñanza, desde Infantil hasta la Universidad, para reclamar a la Comunidad de Madrid que ponga fin al “abandono institucional” y a los “recortes” del sistema educativo público.

Los manifestantes, unos 50.000 según los cálculos de los organizadores, han salido de Atocha a las 12.00 con carteles de “sin educación no hay futuro”, “callar es complicidad” y “la educación no se vende” y han recorrido algunas de las principales calles madrileñas hasta Sol, donde se han plantado para exigir sus derechos. “El Gobierno de la Comunidad de Madrid nos tiene sometidos a todos los niveles educativos a situaciones de infrafinanciación, a condiciones laborales nefastas, a condiciones para el estudiantado también deplorables, que hacen que la educación pública madrileña se vea actualmente en un serio peligro”, ha denunciado Jorge Pérez-Huet, estudiante de la UCM y militante del Frente de Estudiantes.

Han participado todas las enseñanzas porque el profesorado entiende que los problemas de la educación pública madrileña son transversales. La lista de reivindicaciones es larga: la falta de recursos crónica, la sobrecarga y el abandono institucional en la educación especial; la creciente privatización y reducción del personal administrativo; la invisibilización de las trabajadoras; los bajos salarios, las largas jornadas y las elevadas ratios desde los 0-3 años a la secundaria; la falta de prácticas para el alumnado de Formación Profesional; la escasez de recursos que provoca la expulsión de estudiantes con necesidades educativas especiales y también la degradación y represión en las universidades.

La marea verde, como se conoce al movimiento de defensa de la educación pública, este domingo tuvo tintes amarillos, el color que representa a los profesores del primer ciclo de la Educación Infantil, que están una huelga indefinida sin precedentes que comenzó el pasado 7 de abril. “Era el día para demostrar la fuerza que tiene el 0-3″, dice Rosa Marín, profesora de Infantil y portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que asegura que su lucha “no va a parar” hasta que no consigan mejorar sus condiciones de trabajo. La sensación que tiene el gremio es de “abandono”, tanto por parte de la Consejería de Educación como del Ayuntamiento de Madrid, que tiene su propia red de escuelas infantiles. Sus demandas se centran en las bajadas de ratios y en las subidas salariales, en este caso, sobre todo, en los centros gestionados por el Gobierno municipal, en los que los sueldos rondan el SMI.

Los profesores de instituto, por su parte, han reivindicado una bajada de las horas lectivas, como ya venían pidiendo desde el curso anterior. Los de FP, mayor financiación y ampliación de plazas para que ningún estudiante tenga que verse obligado a pagar un centro privado por no conseguir hueco en la pública. Y los de las universidades, que no están convencidos con el nuevo acuerdo de financiación plurianual que firmó la Consejería de Educación con los rectores de la pública.

“Se ha hablado de una subida de 14.800 millones de euros, que de manera descontextualizada puede parecer una subida relevante, pero que como ya se ha analizado en las asambleas por la pública esta supuesta subida, además de contar con fondos, como las tasas que recaen sobre las familias, nos dejaría en una situación de precariedad e infrafinanciación muy parecida a la actual”, afirmaron a través de un comunicado conjunto las diferentes plataformas convocantes. “Esto no es más que un nuevo intento de desmovilización por parte tanto del gobierno de la Comunidad de Madrid como de la propia CRUMA [la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid]”, apuntan.

En medio de esta tormenta que sufre la educación pública, la Comunidad de Madrid aviva su “romance” con la concertada, aseguran los convocantes a través de un comunicado, “la tendencia es clara: recortar lo público para abrir paso a lo privado”. “Cada año aumenta la financiación de la educación privada y concertada por diversas vías mientras se cierran grupos en educación 0-3 y obligatoria o asignaturas en la universidad”, añaden. Recuerdan también que el gasto para financiar etapas no obligatorias en escuelas privadas, como en bachillerato, FP o en primer ciclo de Infantil, no ha parado de crecer con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en detrimento de los centros públicos.

Los diferentes colectivos señalan que llevan más de un años preparándose para llegar hasta este día de unión de todas las etapas educativas en la Comunidad de Madrid. Los diferentes colectivos afirman sentirse más “fortalecidos y coordinados” que nunca para defender sus derechos. “Lo que reivindicamos es un cambio radical en la política de la Comunidad de Madrid hacia la educación pública; unas condiciones laborales dignas para todos los trabajadores de educación y una construcción de una educación pública, gratuita y de calidad, para la clase trabajadora y para sus hijos e hijas”, concluye Pérez-Huet.