El movimiento 26S, el que ha logrado congregar miles de personas acampadas en la Puerta del Sol desde hace más de un mes, vive sus horas más trascendentales. Hasta ahora, la organización de la acampada recayó en las llamadas comisiones que se erigieron como representantes y que asumían las responsabilidades logísticas para que la protesta pudiera perdurar en el tiempo de forma ordenada. Estas comisiones —que abogaban por un “final común”— empezaron a marcharse el viernes por la tarde ante la notificación del jueves de la Delegación de Gobierno que les instaba a retirarse “por seguridad”, dado que a partir de ese momento no tendrían protección. El anuncio oficial del cese de su actividad se produjo el sábado. Su posición era clara: la acampada debía disolverse. Esta postura se encontró con algunas voces discordantes que no estaban por la labor de abandonar la plaza y que serán quienes sostengan la protesta a partir de ahora. Entre estas personas, que afirman no pertenecer a ninguna organización con siglas concretas, ha surgido un intento de asociación —que está en sus inicios— para apoyar a las personas sin hogar que viven desde hace semanas en el campamento. De hecho, la defensa de los derechos de estas personas sin recursos será la gran bandera de los acampados que queden.
Este lunes, distintos representantes de esta corriente que apoya la resistencia en Sol han leído un manifiesto en el cual se enumeran todas sus proclamas, pero que no aclara si los acampados se van o se quedan. Antes de la rueda de prensa convocada para las 12 del mediodía, había anunciado un “pasacalles”. Un grupo de músicos con violines, trompetas y tubas trataba de amenizar la mañana y hacer algo de tiempo para que a los organizadores les diera tiempo de coordinar todo a pesar de las prisas y la improvisación. Entre canción y canción había quien se impacientaba y pedía que fueran directos al grano.
—Que se dejen de tanta musiquita. ¡Queremos el manifiesto!, ¡queremos el manifiesto! —decía un joven.
La expectación era altísima. La prensa —casi tan numerosa como los asistentes— ocupaba casi todo el espacio mientras Juanlu, portavoz de los acampados, pedía “comprensión” dado que ninguno de ellos está acostumbrado “a este tipo de presión”. Por un atril rudimentario empezaron a desfilar las cuatro voces que completarían la lectura del “Manifiesto de la Acampada 26S”. El primero de ellos, un señor llamado Roy, no estaba elegido al azar. Se trata de un hombre en silla de ruedas que hablaba en representación de las personas sin hogar de la acampada, que son desde hace un tiempo el grueso de la población acampada. El texto, repartido en fotocopias entre los presentes, se divide en tres puntos: ¿De dónde nacemos?, ¿qué queremos? y ¿cómo lo conseguiremos? Se trata de una reivindicación de todas las proclamas que han venido repitiendo desde el primer día, sobre todo en lo relacionado con la vivienda. También, una forma de ponerse en valor a ellos mismos: “Hemos creado una comunidad cuyas bases son el amor, los cuidados, el apoyo emocional y la esperanza de volver a una humanidad solidaria y colectiva”.
Todas las palabras pronunciadas estaban perfectamente medidas. Un mensaje claro en cuanto a las demandas sociales, pero ambiguo en lo que al devenir de la acampada se refiere. En algunas frases, sin embargo, se puede entrever un futuro lejos de la Puerta del Sol. “Tenemos la capacidad de alterar la realidad mediante la acción directa. Para ello, proponemos la Puerta del Sol como punto neurálgico y asambleario postacampada. La lucha no se quedará aquí, está expandiéndose por los barrios y demás territorios”, se dice en el manifiesto, que cerraba con un último párrafo que dejó desconcertado a más de uno: “Esta acampada, esta ciudad efímera compuesta por tiendas y lonas, la llevaremos siempre con nosotres. Nuestro espíritu está en Sol, la calle se hace al habitarla, y esta plaza será campo para cultivar nuestros anhelos”.
El final del manifiesto dejaba más preguntas que respuestas. En primer lugar, ¿quién lo firma? Juanlu fue claro al respecto:
—Lo firma el pueblo.
Por otro lado, el joven se apresuró a advertir a los periodistas que ni se iba a responder a ninguna pregunta que no tuviera relación con el manifiesto. “Mañana y pasado pasarán cosas que ya sabréis, pero hasta que no pasen no podemos comunicar nada. Tenéis que entender que nos estamos reorganizando. Lo que sí es seguro 100% es que hoy nos quedamos”, se limitó a comentar el portavoz.
“A partir de ahora es ilegal estar aquí”
Bajo las lonas azules que a vista de pájaro impiden ver el suelo de la Puerta del Sol, desde el pasado 26 de septiembre se ha ido constituyendo una ciudad en la que, como en toda urbe que se precie, no tardaron en aparecer los conflictos internos. El Sindicato de Inquilinas puso la semilla tras el desahucio de Maricarmen, aunque no tardó demasiado en desvincularse del movimiento. Ahí aparecieron las llamadas comisiones. Al igual que el movimiento 15M, el 26S proponía un modelo horizontal en el que todos tuvieran voz y voto. A efectos prácticos, este ideal es complejo de materializar. Las comisiones nacieron como una especie de ministerios que canalizaban las demandas y trataban de establecer un marco de responsabilidades comunes que ayudase a resolver los problemas. Las comisiones se sostenían a base de aquellos voluntarios que se mostraban más predispuestos y concienciados de que la supervivencia de la acampada era inviable sin una mínima organización. Entre todas las comisiones que se constituyeron, había una que era especial. “Pulmón”, la llamaron. Ese era el centro neurálgico, el kilómetro 0 del kilómetro 0. Allí se repartían los alimentos con los que muchos han subsistido todo este tiempo.
Anna A., de 30 años, ha sido una de las comisionistas que más tiempo ha pasado en Pulmón. La joven llegó a Sol desde Barcelona, “ella sola”, con una bolsa de comida para donar y pasar el día entre los acampados. La posibilidad del teletrabajo le hizo terminar quedándose hasta el viernes pasado, cuando abandonó el movimiento junto a otros coordinadores de las comisiones. “Estar aquí casi me cuesta el divorcio. Cuando me dijeron que cumplíamos un mes, no me lo podía creer. Yo pensaba que llevábamos dos. Se me ha hecho larguísimo. Aquí, o te implicas con todo tu ser o no aguantas”, cuenta. Anna confirma que el perfil del acampado fue cambiando a medida que se sucedían los acontecimientos. Una vez que se oficializó la huelga general del 11 de noviembre y que Pedro Sánchez convocó elecciones para el día 29, el ambiente fue mutando. Si al principio los acampados eran sobre todo universitarios y jóvenes españoles “politizados”, con el tiempo eso fue virando hacia un perfil de “personas sin hogar o migrantes sin recursos que no venían por cuestiones reivindicativas, sino por necesidad”.
Cuando la plaza quedó abarrotada, la comisión de urbanismo fue tajante en cuanto a la admisión de nuevas personas. “Si no estabas en una situación de exclusión social, era muy difícil que te dejaran quedarte. La prioridad era ayudar a los que más lo necesitaban”, cuenta Anna, que ha vuelto de visita este lunes por la acampada.
—¡Hola, Anna! ¿Cómo estás? ¿Por qué no vuelves?—pregunta una mujer marroquí que barre entre las mesas de comida.
—Lo siento, pero no. Ya es peligroso quedarse. Es ilegal. Yo no tengo 30.000 euros para la multa —responde Anna.
“La última notificación de la Delegación de Gobierno nos da a entender que a partir de ahora la ley no nos ampararía. Creemos que sería ilegal estar aquí y nos exponemos a un desalojo por la fuerza, algo que no queremos”, reconoce Anna. “Los coordinadores de las comisiones comenzamos en esto con un perfil político; sin embargo, el devenir de la acampada nos terminó convirtiendo en asistentes sociales, algo para lo que no estamos formados”, asume.
Una vez disueltas las comisiones, la idea es que cada barrio de la acampada —hay en torno a 10— se “autogestione”, pese a que muchos, como Anna, lo ven “inviable” dado los perfiles tan heterogéneos que hay pernoctando en Sol, entre los que se cuentan bastantes personas con problemas de salud mental. “Nos da pena que no haya habido un final común. Aquí se ha estudiado un plan para descampar Sol de forma gradual, ordenada y limpia, para que el territorio ocupado sea cada vez menor. Pero los que se han quedado no han querido atender a nada de esto”, lamenta la joven antes de hablar con Hassan, un joven marroquí sin papeles al que las comisiones han comprado un billete de avión para marcharse a Bruselas junto a un familiar. “No es seguro que siga aquí, ¿sabes? Un desalojo forzado puede implicar que acabe detenido y deportado a su país”, cuenta.
La Policía Nacional ha detenido este domingo de madrugada a un hombre de 26 años por una supuesta agresión sexual a una mujer de 22 años en una de las tiendas de campaña de la acampada de la Puerta del Sol, donde miles de jóvenes duermen desde hace 29 días por la crisis de la vivienda en España. Justo hoy los organizadores han emplazado a plantearse desescalar la protesta y comenzar a retirarse de la plaza, en la que permanecen desde hace 29 días.
El adiós de Sol está cada vez más cerca. Todavía se debaten los pormenores del proceso, pero ya hay cierto consenso respecto a que es necesario. Va a ser una desescalada lenta que durará al menos varios días, pero que ya ha comenzado, según han confirmado varias fuentes de la organización del campamento: “Hoy es el día cero, estamos planeando cómo hacerlo”, asegura un militante que trabaja en el pulmón central. El objetivo es concentrar las fuerzas en la huelga general del 11 de noviembre. La acampada todavía no lo ha comunicado de forma oficial, pero hay programadas varias asambleas durante la tarde en las que se seguirán decidiendo los pormenores del proceso, que pueden desembocar en que este domingo empiecen a marcharse un grupo nutrido de jóvenes que protestan desde hace 29 días por la crisis de la vivienda en España.
Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, entra en una enorme sala de vistas de la Audiencia Nacional sobre las 10.15 de este jueves. La antigua baronesa del PP, que aún mantiene una enorme influencia en las filas conservadoras, camina de seguido hacia los magistrados del tribunal que enjuician a Ignacio González, quien fuera su mano derecha durante años y su sucesor en el cargo. Mientras ella deja el bolso en el banquillo de los acusados (a solo cinco asientos de su exsubordinado) y silencia el móvil, él evita mirarla a la cara y centra la vista en un cuaderno de notas en blanco. Establecen así tantas distancias como las que marcará Aguirre en su breve declaración para desvincularse de las irregularidades atribuidas a González por el presunto amaño de contratos del Canal de Isabel II para la puesta en marcha de un campo de golf en las instalaciones de la empresa pública en el centro de la capital (un proyecto impulsado por la propia política popular y desmantelado en 2021 tras una intensa lucha vecinal). La expresidenta regional reivindica esa idea, pero asegura que no sabe nada del desarrollo de las obras.
“Yo no le deniego la presunción de inocencia, que se la sigo dando. Pero cuando un juez mete en prisión provisional a un político, se supone que tiene indicios…”, ha deslizado Aguirre.
Citada como testigo en el primer juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra Ignacio González por el caso Lezo, Aguirre ha declarado durante apenas 15 minutos. Ella era la jefa del Ejecutivo autonómico durante la ejecución del proyecto bajo sospecha; y él, su vicepresidente (además del presidente del Canal de Isabel II). Durante su interrogatorio, la política ha defendido que se habilitaran esas “canchas” de golf en el distrito de Chamberí y ha contado que copió la idea de la ciudad de Tokio, a la que dice que viajó en 1978. “Sí, fue idea mía. Sorprendió mucho. En Tokio, yo vi que había dentro de la ciudad muchos lugares con campos de practicas, con gente tirando bolas y con una red”, ha narrado, antes de aseverar que ya le propuso ese proyecto a la Comunidad durante la etapa de la Presidencia de Joaquín Leguina (cuando se rechazó), pero que recuperó el tema al hacerse ella con el mando de la autonomía.
—¿Y lo canalizó a través de Ignacio González? —le han preguntado.
—Supongo que sí. Porque, además de ser vicepresidente, era presidente del Canal —ha contestado la política.
El sumario describe cómo se urdió supuestamente una trama para, desde la cúspide del Canal de Isabel II, “impulsar” un plan para “beneficiar a los familiares” del político del PP, mediante la subcontratación de una empresa de su hermano y su cuñado (Tecnoconcret) para trabajos de construcción y explotación del campo de golf —instalación que no se preveía en el proyecto inicial, que fue modificado para incluirla—. Aguirre reitera que “nunca” supo nada sobre la ejecución de las obras, ni detalles de las adjudicaciones. Ni de la conexión de Tecnoconcret con González.
—¿Tuvo algún tipo de intervención en la modificación del proyecto? —le ha insistido la fiscal Ana Cuenca.
—No… No sé de lo que me habla, pero no. Supongo que de la adjudicación… Eso lo haría el Canal…
Según ha defendido Aguirre, solo quería que los madrileños disfrutaran de un complejo que, según ella, contenía un helipuerto del que se aprovechaba el ministro socialista José Bono. “Me parecía que era muy positivo, en vez de tener un helipuerto para que el ministro Bono pudiera ir a dormir a su casa”, ha cargado. Otros testigos anteriores explicaron que esa pista era usada por centros médicos próximos y por la propia Audiencia Nacional (para alguna investigación).
En apenas un mes y medio, dos expresidentes populares de la Comunidad de Madrid han declarado como testigos en la Audiencia Nacional en sendos juicios por corrupción derivados del caso Lezo. Alberto Ruiz-Gallardón, que precedió a Aguirre como jefe del Ejecutivo regional, compareció el 15 de septiembre, cuando defendió la actuación de su Gobierno en la vista oral sobre las presuntas irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa (con un sobreprecio millonario). “En ningún momento pude tener la más mínima duda porque nunca nada de lo que nos había elevado el consejo de Canal Isabel II había tenido la más mínima tacha de ilegalidad”, subrayó.
Por su parte, el nombre de Aguirre siempre ha sobrevolado el campo de golf del Canal. En 2018, durante su comparecencia en una comisión abierta en la Asamblea de Madrid sobre corrupción, la política popular exclamó: “¡Mátenme, pero la idea [de levantar ese campo] fue mía!”. Una tesis que confirmó un director técnico de la empresa pública, citado como testigo el pasado lunes: “Partió de Esperanza Aguirre”, dijo al tribunal.
Durante la fase de instrucción, el juez Manuel García-Castellón rechazó imputar a la expresidenta, después de que lo pidiera el PSOE. El magistrado descartó la existencia de indicios de prevaricación administrativa en el Consejo de Gobierno celebrado el 18 de enero de 2007, que declaró de interés general el proyecto de las obras. Esa cita estuvo presidida por Aguirre y el acuerdo fue anulado por la justicia. “Solo cuando la injusticia es tan notoria que la convierta en arbitraria podríamos entender que nos encontramos ante un ilícito penal”, concluyó el magistrado.
Los socialistas también plantearon esa imputación después de publicarse que el fiscal Carlos Yáñez, antes de abandonar el caso Lezo, había dejado un escrito a sus superiores para solicitar que se investigara a la política del PP. “Esperanza Aguirre y el resto de consejeros (incluido González) que votaron a favor en el acuerdo de 18 de enero de 2007, tenían pleno conocimiento de todos los hechos descritos y quebrantaron la ley para lograr que la realidad material que ellos mismos habían generado ilícitamente, la ejecución de obras públicas sin licencia municipal de obras, tuviese una aparente cobertura legal”, decía ese documento, cuya existencia fue avanzada por La Sexta. Sin embargo, según expuso García-Castellón, la Fiscalía Anticorrupción nunca llegó a presentar ese escrito en el juzgado de la Audiencia Nacional.
—¿Cómo afronta la declaración? —le ha preguntado una periodista a Aguirre a su llegada al tribunal.
—¡Pues como testigo! —ha espetado la exdirigente del PP con sarcasmo— Y para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo ya dimití. Yo he dimitido por asumir responsabilidades políticas.
“Por supuesto que confiaba en Ignacio González. Por eso, cuando un juez le mandó a prisión, yo dimití. Porque, a diferencia de los sanchistas, yo asumo mi responsabilidad política”, ha apostillado Aguirre. Cuando dejó su cargo, ya se encontraba en la oposición como concejal rasa del Ayuntamiento de la capital, tras fracasar en su intento de ganar la Alcaldía y perder frente a Manuela Carmena (Ahora Madrid).
Un vínculo ocultado
Este segundo juicio del caso Lezo, que celebró este jueves su cuarta sesión, arrancó la pasada semana. El tribunal prevé que finalice, como muy tarde, el 6 de noviembre. La Fiscalía Anticorrupción reclama seis años de prisión por delitos de cohecho para las cinco personas que se sientan en el banquillo: además de Ignacio González, su hermano Pablo Manuel González; su cuñado José Juan Caballero; José Antonio Clemente, socio de estos familiares del mandatario; e Ildefonso de Miguel, exdirector gerente del Canal y hombre de confianza del expresidente. El ministerio público sostiene que se conchabaron para amañar contratos en favor de la empresa de los familiares del exdirigente del PP. El expresidente lo niega y se ha declarado inocente.
Sin embargo, las primeras jornadas de la vista han permitido escuchar testimonios que refuerzan la tesis del ministerio público. Varios ex altos cargos han declarado que la cúpula de la compañía pública —encabezada por el propio González y por De Miguel— ocultó los vínculos de la empresa Tecnoconcret con el político conservador. “No creo que se me pudiese pasar desapercibido ese dato”, apuntó Mariano Zabia, quien fuera vicepresidente del Canal de Isabel II. En la misma línea se pronunció Paz González, consejera de Justicia en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón y entonces miembro del consejo de administración de la sociedad de aguas por su cargo de concejal en el Ayuntamiento, quien consideró que era una información relevante que “nunca” se les comunicó.